El informe de COAG cuantifica el secuestro de carbono no remunerado en La Rioja (entre 22.000 y 109.000 t CO₂/año en 59.500 ha), alerta sobre la financiarización de la tierra si la normativa no vincula la certificación al agricultor activo, y formula 19 propuestas concretas antes de que España transponga el marco en 2026.

Los suelos agrícolas españoles almacenan entre 1.500 y 2.400 gigatoneladas de carbono orgánico global según el IPCC —más que toda la atmósfera terrestre— y el sector lleva décadas practicando técnicas de secuestro sin remuneración. El Reglamento (UE) 2024/3012, en vigor desde diciembre de 2024, crea por primera vez un mercado europeo de certificación voluntaria de absorciones de carbono agrícola, pero la Comisión Europea aún no ha aprobado las metodologías operativas y España debe transponer el marco durante 2026. COAG —Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos— advierte en su informe presentado el 17 de marzo de 2026 en Logroño que, si la certificación no queda vinculada al agricultor activo, los fondos de inversión podrán acaparar las ayudas, elevar el precio de la tierra y excluir a las explotaciones familiares del sistema antes de que las reglas definitivas estén escritas.

¿Cuánto carbono fijan los viñedos y frutales riojanos y por qué ese trabajo no recibe ningún pago?

Las 59.500 hectáreas de viñedo y frutales de La Rioja fijan entre 22.000 y 109.000 toneladas de CO₂ equivalente al año cuando se aplican cubiertas vegetales —equivalente a retirar entre 4.800 y 23.700 coches de la circulación—, según datos del Instituto de Investigación y Formación Agraria (IFAPA) y la Universidad de Córdoba recogidos en el informe de COAG. La horquilla —entre 0,1 y 0,5 tC/ha/año en los primeros 30 cm de suelo— depende directamente de la gestión del agricultor. Hoy esa cifra permanece invisible porque no existe un sistema de certificación adaptado, accesible y económicamente proporcional para las pequeñas explotaciones del territorio.

¿Qué riesgo concreto supone el Reglamento (UE) 2024/3012 para el agricultor familiar si España no actúa en 2026?

El principal riesgo identificado por COAG es la financiarización de la tierra agraria: fondos de inversión pueden adquirir grandes superficies para plantar cubiertas vegetales certificadas sin producción alimentaria real, presionando el precio de la tierra al alza y expulsando al agricultor profesional del mercado de carbono antes de que las metodologías definitivas estén aprobadas. Manuel Linares, co-autor del informe y responsable de la oficina de COAG en Bruselas, precisa que "una familia con 20 hectáreas de olivar en Jaén o 10 hectáreas de viña en La Rioja no puede asumir los mismos costes de certificación que una sociedad de inversión con 5.000 hectáreas de cereal en Castilla." A marzo de 2026, ese vacío regulatorio ya lo están ocupando plataformas privadas que imponen sus propias condiciones.

¿Qué prácticas agrícolas mediterráneas generan secuestro de carbono certificable y no están reconocidas por las metodologías europeas actuales?

Pastoreo extensivo en dehesa, cubiertas vegetales en viñedo y olivar, incorporación de restos de poda al suelo, rotaciones de cereal-leguminosa y producción de biochar a partir de sarmientos son las prácticas identificadas por COAG como enraizadas en la agricultura española y con impacto climático medible. El biochar obtenido por pirólisis de restos de poda presenta tiempos de residencia en el suelo estimados en cientos o miles de años, convirtiéndolo en uno de los métodos de secuestro más permanentes disponibles para la agricultura mediterránea. COAG exige que las metodologías europeas incluyan expresamente estas prácticas y no queden reducidas a modelos diseñados para los grandes cereales del norte de Europa.

¿Cuáles son las 19 propuestas de COAG para que el mercado de carbono agrícola sea justo para el agricultor profesional?

Las 19 medidas se articulan en seis ejes: certificación grupal operativa a través de cooperativas con costes proporcionales a la dimensión de la explotación; compatibilidad entre eco-esquemas de la PAC y créditos de carbono —el primero remunera la práctica, el segundo el resultado, sin que constituya doble cobro—; vinculación legal de la certificación al agricultor activo, excluyendo a fondos sin actividad agraria real; fondos de garantía colectivos que absorban el riesgo climático de reversión sin penalizar al agricultor por sequías o fenómenos extremos; creación de una autoridad nacional de coordinación que integre MAPA, MITECO y comunidades autónomas; y líneas base normalizadas que reconozcan a quienes ya gestionan bien sus suelos, no solo a quienes parten de prácticas degradativas.

¿Cómo pueden las cooperativas y denominaciones de origen de La Rioja convertirse en operadores grupales del sistema europeo de certificación de carbono?

La estructura colectiva del sector vitivinícola riojano —con más de 47.000 hectáreas de viñedo organizadas en torno a cooperativas y la Denominación de Origen Calificada Rioja— ofrece una capacidad de certificación grupal que pocas regiones españolas igualan. Las denominaciones de origen y bodegas con compromisos de sostenibilidad están posicionadas para mutualizar los costes de auditoría, medición y verificación, y distribuir los ingresos entre sus socios viticultores. Bodegas de referencia regional han iniciado ya iniciativas de huella de carbono que podrían integrarse directamente en el futuro marco regulatorio europeo si las metodologías reconocen las prácticas mediterráneas.

¿Cuál es el calendario regulatorio crítico y qué pasa si España no legisla a tiempo?

El Reglamento (UE) 2024/3012 entró en vigor en diciembre de 2024; la Comisión Europea tiene hasta 2027 para aprobar las metodologías sectoriales de certificación; España debe transponer el marco durante 2026. Si la transposición no incorpora la vinculación de la certificación al agricultor activo, los fondos de inversión operarán en el vacío regulatorio bajo las condiciones de plataformas privadas ya activas. Óscar Salazar, presidente de UAGR-COAG La Rioja, lo resume: "Lo que no admitiremos es que el sistema se diseñe para que los grandes fondos de inversión se queden con el negocio y los agricultores se queden con el riesgo."

TABLA DE DATOS

Datos aportados por Manuel Linares, co-autor del informe y responsable de la oficina de COAG en Bruselas, y por Óscar Salazar, presidente de UAGR-COAG La Rioja, en el acto de presentación del informe La agricultura de carbono en España: oportunidades, riesgos y propuestas desde la perspectiva profesional y social, celebrado en Logroño el 17 de marzo de 2026. El informe ha sido elaborado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), organización profesional agraria de ámbito estatal. El documento completo está disponible para descarga en la web de COAG bajo el título indicado.