Una primera estimación de unos estudios realizados recientemente cifra el impacto en casi 400 millones de € por año, que suponen una perdida equivalente de casi 6000 puestos de trabajo y realizando la extrapolación al conjunto de la UE supondrían 70.000 puestos de trabajo menos.
Más que antagónicos son radicalmente distintos aunque parece que los políticos nacionales y comunitarios, especialmente los responsables de salud pública, no quieren reconocerlo. Así, actualmente Europa ya está importando un elevado volumen de productos de origen animal cuyo sistema de producción estaría absolutamente prohibido en la UE e incluso en España, considerado como delito contra la salud publica contemplado en el código penal.