La directiva cubre una amplia gama de temas. En concreto, modifica la directiva de prácticas comerciales desleales 2005/29 EC, la directiva de derechos del consumidor 2011/83/EU, la cláusula de los contratos desleales directiva 93/13/EEC y la directiva de indicación de precios 98/6/EC. 

Junto con una propuesta sobre acciones representativas para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, forma parte del “Nuevo acuerdo para consumidores” lanzado por la Comisión en 2017.

El texto acordado prevé una mejora de la armonización y simplificación de algunos de los criterios que se utilizarán para determinar el nivel de sanciones por infracciones de la legislación del consumidor de la UE. Asimismo, establece un derecho a los recursos individuales para los consumidores cuando se vean perjudicados por prácticas comerciales desleales, como la comercialización agresiva, y siempre que estos recursos sean proporcionales, efectivos y no afecten la aplicación de otros recursos disponibles para los consumidores en virtud de la legislación de la UE o nacional.

También estima una mayor transparencia en las transacciones online, en particular con respecto al uso de revisiones online, precios personalizados basados ??en algoritmos o una clasificación más alta de productos debido a las "ubicaciones pagadas", así como la obligación de los mercados online de informar a los consumidores sobre si el comerciante responsable en una transacción es el vendedor y / o el propio mercado online.

Por otro lado, prevé la protección de los consumidores con respecto a los servicios digitales "gratuitos", es decir, los servicios digitales por los cuales los consumidores no pagan dinero pero proporcionan datos personales, como almacenamiento en la nube, redes sociales y cuentas de correo electrónico. También establece una información clara para los consumidores en caso de reducción de precios.

Asimismo, la nueva normativa establece la eliminación de cargas desproporcionadas, como la obligación de utilizar medios de comunicación obsoletos, impuesta a las empresas por la legislación vigente y realiza aclaraciones con respecto a la libertad de los Estados miembros para adoptar reglas para proteger los intereses legítimos de los consumidores con respecto a algunas prácticas de comercialización o venta particularmente agresivas o engañosas en el contexto de las ventas fuera de las instalaciones.

Por último, aclara la forma en que la comercialización engañosa de productos de "calidad dual" deben ser tratadas por los Estados miembros.