Sin Agricultura Nada

A los que llevamos trabajando intensamente más de 5 años para que se desarrollara un marco normativo que regulara las relaciones comerciales de la cadena alimentaria, la aprobación por parte del Consejo de Ministros el pasado viernes del anteproyecto de ley de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena agroalimentaria nos ha producido una sensación similar a la que sienten los agricultores cuando recogen su cosecha. Ha sido un largo camino hasta llegar aquí, aunque, usando un símil ciclista, se trate tan solo de la coronación de un puerto de montaña y la etapa no esté aún ni concluida, ni decidida. Queda por delante el periodo de consulta pública y la tramitación parlamentaria.

Muchos hemos conocido el texto en el día de hoy y ya se empiezan a escuchar las primeras valoraciones y comentarios. Desconozco los motivos en detalle por los que mientras algunos se preguntan por la posibilidad de que esta ley acote el desarrollo de la MDD (ver) (marca del distribuidor o marca blanca), otros califican este anteproyecto como demasiado intervencionista (ver). Después de haber revisado el texto en profundidad, no puedo compartir esta última opinión. Establecer la obligatoriedad de formalizar un contrato de suministro por escrito para que el proveedor, generalmente en situación de dependencia económica de su comprador, conozca las condiciones del acuerdo y sepa qué precio va a recibir por el producto que vende parece tremendamente lógico. No significa intervencionismo, sino transparencia y seguridad jurídica. De igual forma, establecer que esos contratos previamente acordados y firmados libremente entre proveedor y comprador no puedan modificarse con carácter retroactivo por una de las partes (generalmente la que tiene mayor poder de mercado) en detrimento de la otra, parece tan obvio, que suena a todo menos a intervencionista. Tampoco la regulación de prácticas como la venta a pérdidas que afecta negativamente a la rentabilidad del agricultor, y que finalmente no se ha incluido en el anteproyecto, parece en absoluto una medida intervencionista. Se trata simplemente de establecer un marco normativo que contribuya a que la cadena alimentaria cree valor (rentabilidad, productividad, empleo, etc.) en lugar de destruirlo.

No me cabe duda de que los distintos operadores de la cadena agroalimentaria están obligados a entenderse y organizarse si quieren conformar una cadena de valor eficiente, rentable para todos sus agentes, competitiva y sostenible. De la voluntad de éstos dependerá en gran medida que se consigan dichos objetivos. Sin embargo, deben establecerse una serie de principios y obligaciones (reglas de juego) para erradicar una serie de prácticas comerciales identificadas como desleales y abusivas que en absoluto contribuyen a los objetivos citados y que vienen afectando negativamente al funcionamiento de la cadena en su conjunto. El establecimiento de mecanismos de control, vigilancia y sanción donde se facilite la posibilidad de denuncia y resolución de conflictos por vías administrativas (más baratas y rápidas a priori que las judiciales), irá en beneficio de todos. Como en otras muchas cosas, parece que hasta que no “nos tocan la cartera”, no reaccionamos.