Dado el interés de varios Estados miembros, la Presidencia del Consejo ha preparado una propuesta de modificación que dejaría clara la capacidad de los gobiernos nacionales para mantener o promulgar normas nacionales de lucha contra las prácticas comerciales desleales más estrictas que la propia Directiva o bien que afecten a operadores que no están en principio incluidos en el campo de aplicación de futura norma europea.

Desde que en abril la Comisión presentara al Consejo su propuesta de Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales, tanto el Comité Especial de Agricultura como el Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Agrarias Horizontales (órganos cuya función es, en ambos casos, preparar los asuntos que posteriormente discutirán los Ministros) han tratado el proyecto de norma en varias ocasiones.

La Directiva tiene un carácter básico o de mínimos en cuanto a la armonización en la UE de la protección contra las Prácticas Comerciales Desleales, limitándose a los siguientes ámbitos de actuación:

Su alcance abarca a las ventas de proveedores PYME a compradores no PYME.
Cubre a los productos alimenticios amparados por el Tratado de la Unión.
Establece una lista limitada de prácticas prohibidas.
Otorga funciones concretas a las autoridades nacionales encargadas de aplicarla.
No obstante, la Presidencia del Consejo (este semestre en manos de Bulgaria) ha interpretado la voluntad de varios Estados miembros en ir más allá, en la persecución de las Prácticas Comerciales Desleales, de lo que enmarcaría la Directiva comunitaria; o, al menos, ha detectado interés en que se aclare el margen de maniobra que los Estados miembros tendrían para ello. Hay que tener en cuenta para justificar este interés que algunos países cuentan ya con legislación propia sobre este asunto. Unión de Uniones recuerda que en España está en vigor la Ley 12/2013 de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, si bien en dicha Ley no se incluye ninguna lista de prácticas comerciales abusivas, lo que en su momento fue uno de los puntos criticados por la organización, junto con la ausencia de una definición concreta de la posición de dominio del mercado.

Como quiera que sea, el próximo día 11 la Presidencia propone al CEA, seguramente con la vista puesta en discusión por parte del Consejo de Ministros de Agricultura en la próxima sesión del 18 de junio o posteriormente, modificar un par de “considerandos” del borrador de Directiva y su artículo 8, en el que se habla de las normas nacionales. La propuesta se decanta por dejar perfectamente claro en la Directiva que los Estados miembros podrán mantener o introducir normas nacionales que vayan, en la persecución de las prácticas comerciales desleales, más allá de la norma mínima establecida por la Directiva en todos los aspectos regulados por misma, incluida la ampliación del ámbito de los operadores afectados. La única condición sería que las normas nacionales sean compatibles con las reglas de funcionamiento del mercado interior de la UE.

Unión de Uniones confía en que la Directiva y, en el caso de España una revisión también de la Ley de la Cadena Alimentaria, puedan suponer un paso decisivo en abolir de los mercados determinadas prácticas abusivas que ejercen los grandes operadores desde su posición de dominio, en perjuicio no sólo de los productores, agricultores y ganaderos, sino también de los consumidores.