En ese sentido, UAGA-COAG alerta que Comarcas como Bajo Cinca, Litera o Valdejalón, ante la inminente creación de cientos de puestos de trabajo, ven como su campaña puede verse comprometida por la falta de la mano de obra.

A día de hoy, tal y como está la situación en el campo, se augura una buena cosecha pero todavía falta tiempo para ver si la producción va a ser completa o se verá mermada por incidencias climatológicas.

Además, del tiempo meteorológico, el sector de la fruta también está a la espera de que los mayoristas empiecen a cumplir con la Ley de la Cadena Alimentaria, que establece que el cobro de un producto perecedero, como es la fruta, debe ser a los 30 días de su entrega. Sobre este asunto, UAGA denuncia que la mayoría de los fruticultores entregan su producto en el almacén y no saben su precio de venta hasta unos meses después.

Después de cinco campañas sufriendo las consecuencias del veto ruso, con unas cotizaciones bajas o muy bajas, provocando la reducción de los ingresos de los agricultores e incluso el abandono de explotaciones, la situación actual es, según UAGA, es muy complicada. A ello hay que sumar el incremento constante de los costes de producción, el estancamiento del consumo (el último informe de la Comisión europea prevé que el consumo de el melocotón y la nectarina en Europa caiga un 0,4% anual, en beneficio de otras frutas como los frutos rojos), el colapso del mercado europeo, y la escasez del uso y poca efectividad de las medidas de regulación de mercado.

Desde UAGA instamos al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Agricultura a adoptar una serie de medidas:

1. Sobre plantaciones de frutales.

Crear un Registro de plantaciones. No se podrá aumentar la superficie plantada (la referencia: datos PAC 2017).

De la misma manera, no se podrán utilizar fondos operativos de las OPFH’s para nuevas plantaciones aunque sí para reconversión varietal.

2. Un plan de prejubilaciones para agricultores (ATP).

Para agricultores entre 60-62 años ligados al arranque de las hectáreas de frutales y cese de la actividad, conservando el 100% de las prestaciones.

3. Intensificación de las actuaciones para evitar la especulación en la cadena alimentaria. Aumento de los controles específicos de AICA.

• Inspección y control de la calidad y el etiquetado en los puntos de venta.
• Intensificación de las inspecciones y controles en frontera de las importaciones de fruta y productos transformados de países terceros. Estos requerimientos de calidad y seguridad alimentaria se deben exigir a los productos de importación de países terceros tal y como cumplen los productos europeos.
• Exigir la preservación de la cadena de frío hasta que el producto llegue al consumidor para que llegue en perfectas condiciones y se produzcan menos mermas que acaban siendo asumidas por el productor.

4. Recuperación del máximo porcentaje de subvención de ENESA a la hora de contratar el seguro de la fruta.

Adelanto del pago de la subvención al seguro de frutales de este año y para años futuros. El abono de la subvención debería producirse al mismo tiempo que se formaliza la póliza.

5. Defensa del modelo de producción basado en una fruticultura con fruticultores, en una agricultura familiar de agricultores profesionales.

Los apoyos públicos han de dirigirse únicamente a  los ATP y explotaciones prioritarias, es decir a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales agrarias, evitando que caigan en manos de grandes empresas y agentes comerciales, como por ejemplo, aplicación de una modulación de la subvención del seguro agrario, en la que la ayuda vaya disminuyendo conforme se aumentan las hectáreas.