Al igual que reclaman varias organizaciones profesionales agrarias desde hace décadas, creo que el sector agroalimentario español se merece una ley que le dé el lugar que le corresponde, que siente sus bases, los aportes económicos que debe darle el Estado. España no tiene una política agraria definida, sólo la que marca Europa y la que deciden las comunidades autónomas. Por eso, las estrategias o planes estratégicos que proponen PP y PSOE de cara a 2027 0 2030 me parecen una buena idea, aunque como primer paso.