COAG-Coordinadora Agraria de Extremadura ha presentado esta mañana sus propuestas programáticas con las que concurre a las Elecciones Agraria 2017. Miguel Blanco, secretario General de COAG, ha estado acompañado en la rueda de prensa por Daniel Pachón, presidente de COAG-Coordinadora Agraria de Extremadura, José Luis González, secretario regional, y Juan Moreno, coordinador de campaña.
Para Miguel Blanco es fundamental que “los Presupuestos Generales no contengan nuevos recortes en Agricultura y que afecten, por ejemplo, al saneamiento animal, al regadío o a la financiación de los seguros agrarios”. En este sentido Juan Moreno, coordinador de la campaña regional, apuntó que “la disminución de 10 puntos en la financiación estatal de estos seguros aumenta en un 35% de media los costes para el agricultor”. Este incremento “actúa como medida disuasoria y reduce el número de cultivos asegurados en Extremadura”.
Blanco defendió que este ejercicio debe “crearse un marco normativo definitivo que sea capaz de defender el modelo social de agricultura y ganadería que desde COAG defendemos”. La organización profesional agraria reclamará al Gobierno la creación del Estatuto del Agricultor Profesional “que priorice la figura del agricultor profesional y las explotaciones familiares”.
Blanco y Moreno también hablaron durante la Rueda de Prensa de las Políticas Agrarias Comunitarias más allá de 2020, que ahora están comenzando a debatirse. Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de “realizar una redistribución más justa de las ayudas que prime a los profesionales”. Sería necesario “acoplar las ayudas y vincularlas a la actividad y a los activos”. Blanco añadió que “es necesario recuperar la figura del agricultor activo y equipararlo al profesional”.
Blanco señaló que las propuestas de la Comisión respecto de la futura PAC “señalan una orientación muy medioambientalista y en ellas se primará la lucha contra el cambio climático”. En este sentido para COAG “lo primero es la producción de alimentos y garantizar la seguridad y la calidad alimentaria al tiempo que producimos con criterios de sostenibilidad”. No obstante, añadió el secretario general, “mientras a nosotros nos exigen grandes estándares, la Unión Europea aprueba tratados comerciales como MERCOSUR, TTIP o CETA –aprobado el pasado 15 de febrero– que permiten a terceros países unos estándares de calidad muy inferiores”. Para Blanco, “esto es inaceptable y no podemos permitir que no se exijan a las importaciones los mismos criterios que se exigen a los productores europeos”. “Este hecho significa en sí mismo una clara competencia desleal, por un lado, y un fraude al consumidor, por otro”.
Frente a esta contradicción que pone en peligro el modelo social agrario defendido por COAG, Blanco exige “la regulación de los mercado en base a unos parámetros de seguridad, calidad y sostenibilidad que nos permitan establecer la preferencia comunitaria”.
Tanto el secretario general de COAG como el coordinador de campaña en Extremadura, Juan Moreno, resaltaron un dato crucial: “Las ayudas suponen una pequeña parte -25%– de los ingresos de los agricultores. El 75% de sus volumen de negocio lo obtiene vía precios”. “Si no hay una política de regulación de mercados y de preferencia comunitaria –añadió Blanco- estamos al albur de la volatilidad y especulación de los mercados”. Ejemplos de esta fragilidad del sector ha sido la reciente caída de los precios de productos como el tomate, el arroz, el maíz o el tabaco. “Es necesario –apuntó Miguel Blanco- reorientar las ayudas y políticas comunitarias”.
Juan Moreno señaló que “la ley de la cadena alimentaria presenta grandes desajustes porque adolece de una legislación insuficiente” “De hecho –añadió el coordinador de campaña–, mientras en España contamos con una ley de estas características, en Europa aún no se ha regulado”. “Tenemos una Ley y ésta debe ser aplicada con todo rigor”. A partir de 2017 “deben ser de obligado cumplimiento los contratos agrarios, los pagos antimorosos –que garantizan el cobro de los productos perecederos a 30 días–, y acabar con la venta a pérdidas”.
Miguel Blanco subrayo la “oposición frontal de COAG a los tratados internacionales de comercio como el MERCOSUR, el TTIP o el CETA, recientemente ratificado por el Parlamento Europeo y que ahora debe ser traspuesto a los Estados Miembros”. En su opinión “estos tratados mal llamados de libre comercio suponen un ataque frontal a los sistemas de producción y alimentación europeos porque se firman con países donde está permitido el uso de sustancias prohibidas en Europa como son los anabolizantes, los transgénicos, los antibióticos o las hormonas de crecimiento”. Para COAG estos acuerdos “son una clara competencia desleal porque exige a los europeos estándares de producción mucho más elevados que a países terceros y pone en peligro a las explotaciones agrarias”.
En el terreno internacional, COAG alerta del peligro que el BREXIT puede suponer para los productores españoles ya que “somos los segundos proveedores agroalimentarios del Reino Unido”. “Hay que estar muy atentos a los procesos de negociación para evitar que, una vez más, el sector agrario sea una moneda de cambio de otros intereses comerciales y políticos”. Igualmente perjudicial para el campo español es el veto ruso –en vigor hasta el mes de agosto–. Por esto “es necesario que la Unión Europea mantenga las ayudas a los productores agrarios”.
En el terreno fiscal, COAG-Coordinadora Agraria de Extremadura propone reducir el impuesto de electricidad par la ganadería, tal como se ha hecho en el regadío, e igualar el IVA compensatorio de la ganadería (10,5%) con el de la agricultura (12%).
Por último, Miguel Blanco abogó por la creación de un Observatorio de Insumos desde el que “abordar la especulación que se da en la cadena de insumos –gasóleo, energía, abonos, maquinaria…– y que afecta directamente a los costes de producción agraria”. “Los precios de los insumos se disparan sin control y desde el Observatorio se deben vigilar estos precios y a los oligopolios que controlan el mercado, caracterizado por una opacidad que facilita el encarecimiento de los precios a su antojo”.
PROPUESTAS COAG-Coordinadora Agraria de Extremadura
Ley de la Cadena Alimentaria
Transformar en obligatorio el código de buenas prácticas que en la actualidad es voluntario. De esta forma la lucha contra ls mala praxis empresarial o el dumping (venta por debajo de costes) tendrá mayor eficacia.
Garantizar que la venta de productos agrarios es siempre superior al coste de producción.
Jóvenes Agricultores
Aumentar las ayudas para la incorporación de los jóvenes agricultores al campo.
Disminuir los plazos en la concesión de estas ayudas.
Acompasar los procedimientos y criterios de la concesión de estas ayudas.
Visibilización de la presencia de la mujer en el primer sector
Creación de una mesa de trabajo que analice la Ley de Titularidad Compartida y corrija los errores que la han abocado al fracaso.
Luchar por la presencia de mujeres en el Consejo Agrario y Rural de Extremadura.
Dehesa extremeña
Trabajar por el reconocimiento de la singularidad de la dehesa extremeña por parte de los gobiernos nacional y europeo.
Reivindicar el papel fundamental que juega la dehesa extremeña en el mantenimiento de nuestra cabaña porcina y en el mantenimiento también del medio ambiente.
Política Agraria Comunitaria
Lograr que los instrumentos públicos de regulación de mercados y producción –como cuotas u otros– sean utilizados de manera pragmática para ajustar oferta y demanda.
Revisión de los mal llamados “Tratados de Libre Comercio”, como el CETA –recientemente aprobado por Europa pendiente ahora de su trasposición a los Estados Miembros– o el TTIP.
Promover el desarrollo de mercados locales y regionales fuertes, abiertos a todos los productores, así como también la adopción de aquellas medidas que sean necesarias para garantizar la participación de explotaciones de menor tamaño y poco personal.
Seguros Agrarios
Reivindicar que la financiación estable de los seguros agrarios en los Presupuestos Generales del Estado y de la región, de tal forma que puedan acceder a ellos un mayor número de agricultores/as y ganaderos/as.
COAG-Coordinadora Agraria de Extremadura ha presentado esta mañana sus propuestas programáticas con las que concurre a las Elecciones Agraria 2017. Miguel Blanco, secretario General de COAG, ha estado acompañado en la rueda de prensa por Daniel Pachón, presidente de COAG-Coordinadora Agraria de Extremadura, José Luis González, secretario regional, y Juan Moreno, coordinador de campaña.
Para Miguel Blanco es fundamental que “los Presupuestos Generales no contengan nuevos recortes en Agricultura y que afecten, por ejemplo, al saneamiento animal, al regadío o a la financiación de los seguros agrarios”. En este sentido Juan Moreno, coordinador de la campaña regional, apuntó que “la disminución de 10 puntos en la financiación estatal de estos seguros aumenta en un 35% de media los costes para el agricultor”. Este incremento “actúa como medida disuasoria y reduce el número de cultivos asegurados en Extremadura”.
Blanco defendió que este ejercicio debe “crearse un marco normativo definitivo que sea capaz de defender el modelo social de agricultura y ganadería que desde COAG defendemos”. La organización profesional agraria reclamará al Gobierno la creación del Estatuto del Agricultor Profesional “que priorice la figura del agricultor profesional y las explotaciones familiares”.
Blanco y Moreno también hablaron durante la Rueda de Prensa de las Políticas Agrarias Comunitarias más allá de 2020, que ahora están comenzando a debatirse. Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de “realizar una redistribución más justa de las ayudas que prime a los profesionales”. Sería necesario “acoplar las ayudas y vincularlas a la actividad y a los activos”. Blanco añadió que “es necesario recuperar la figura del agricultor activo y equipararlo al profesional”.
Blanco señaló que las propuestas de la Comisión respecto de la futura PAC “señalan una orientación muy medioambientalista y en ellas se primará la lucha contra el cambio climático”. En este sentido para COAG “lo primero es la producción de alimentos y garantizar la seguridad y la calidad alimentaria al tiempo que producimos con criterios de sostenibilidad”. No obstante, añadió el secretario general, “mientras a nosotros nos exigen grandes estándares, la Unión Europea aprueba tratados comerciales como MERCOSUR, TTIP o CETA –aprobado el pasado 15 de febrero– que permiten a terceros países unos estándares de calidad muy inferiores”. Para Blanco, “esto es inaceptable y no podemos permitir que no se exijan a las importaciones los mismos criterios que se exigen a los productores europeos”. “Este hecho significa en sí mismo una clara competencia desleal, por un lado, y un fraude al consumidor, por otro”.
Frente a esta contradicción que pone en peligro el modelo social agrario defendido por COAG, Blanco exige “la regulación de los mercado en base a unos parámetros de seguridad, calidad y sostenibilidad que nos permitan establecer la preferencia comunitaria”.
Tanto el secretario general de COAG como el coordinador de campaña en Extremadura, Juan Moreno, resaltaron un dato crucial: “Las ayudas suponen una pequeña parte -25%– de los ingresos de los agricultores. El 75% de sus volumen de negocio lo obtiene vía precios”. “Si no hay una política de regulación de mercados y de preferencia comunitaria –añadió Blanco- estamos al albur de la volatilidad y especulación de los mercados”. Ejemplos de esta fragilidad del sector ha sido la reciente caída de los precios de productos como el tomate, el arroz, el maíz o el tabaco. “Es necesario –apuntó Miguel Blanco- reorientar las ayudas y políticas comunitarias”.
Juan Moreno señaló que “la ley de la cadena alimentaria presenta grandes desajustes porque adolece de una legislación insuficiente” “De hecho –añadió el coordinador de campaña–, mientras en España contamos con una ley de estas características, en Europa aún no se ha regulado”. “Tenemos una Ley y ésta debe ser aplicada con todo rigor”. A partir de 2017 “deben ser de obligado cumplimiento los contratos agrarios, los pagos antimorosos –que garantizan el cobro de los productos perecederos a 30 días–, y acabar con la venta a pérdidas”.
Miguel Blanco subrayo la “oposición frontal de COAG a los tratados internacionales de comercio como el MERCOSUR, el TTIP o el CETA, recientemente ratificado por el Parlamento Europeo y que ahora debe ser traspuesto a los Estados Miembros”. En su opinión “estos tratados mal llamados de libre comercio suponen un ataque frontal a los sistemas de producción y alimentación europeos porque se firman con países donde está permitido el uso de sustancias prohibidas en Europa como son los anabolizantes, los transgénicos, los antibióticos o las hormonas de crecimiento”. Para COAG estos acuerdos “son una clara competencia desleal porque exige a los europeos estándares de producción mucho más elevados que a países terceros y pone en peligro a las explotaciones agrarias”.
En el terreno internacional, COAG alerta del peligro que el BREXIT puede suponer para los productores españoles ya que “somos los segundos proveedores agroalimentarios del Reino Unido”. “Hay que estar muy atentos a los procesos de negociación para evitar que, una vez más, el sector agrario sea una moneda de cambio de otros intereses comerciales y políticos”. Igualmente perjudicial para el campo español es el veto ruso –en vigor hasta el mes de agosto–. Por esto “es necesario que la Unión Europea mantenga las ayudas a los productores agrarios”.
En el terreno fiscal, COAG-Coordinadora Agraria de Extremadura propone reducir el impuesto de electricidad par la ganadería, tal como se ha hecho en el regadío, e igualar el IVA compensatorio de la ganadería (10,5%) con el de la agricultura (12%).
Por último, Miguel Blanco abogó por la creación de un Observatorio de Insumos desde el que “abordar la especulación que se da en la cadena de insumos –gasóleo, energía, abonos, maquinaria…– y que afecta directamente a los costes de producción agraria”. “Los precios de los insumos se disparan sin control y desde el Observatorio se deben vigilar estos precios y a los oligopolios que controlan el mercado, caracterizado por una opacidad que facilita el encarecimiento de los precios a su antojo”.
PROPUESTAS COAG-Coordinadora Agraria de Extremadura
Ley de la Cadena Alimentaria
Transformar en obligatorio el código de buenas prácticas que en la actualidad es voluntario. De esta forma la lucha contra ls mala praxis empresarial o el dumping (venta por debajo de costes) tendrá mayor eficacia.
Garantizar que la venta de productos agrarios es siempre superior al coste de producción.
Jóvenes Agricultores
Aumentar las ayudas para la incorporación de los jóvenes agricultores al campo.
Disminuir los plazos en la concesión de estas ayudas.
Acompasar los procedimientos y criterios de la concesión de estas ayudas.
Visibilización de la presencia de la mujer en el primer sector
Creación de una mesa de trabajo que analice la Ley de Titularidad Compartida y corrija los errores que la han abocado al fracaso.
Luchar por la presencia de mujeres en el Consejo Agrario y Rural de Extremadura.
Dehesa extremeña
Trabajar por el reconocimiento de la singularidad de la dehesa extremeña por parte de los gobiernos nacional y europeo.
Reivindicar el papel fundamental que juega la dehesa extremeña en el mantenimiento de nuestra cabaña porcina y en el mantenimiento también del medio ambiente.
Política Agraria Comunitaria
Lograr que los instrumentos públicos de regulación de mercados y producción –como cuotas u otros– sean utilizados de manera pragmática para ajustar oferta y demanda.
Revisión de los mal llamados “Tratados de Libre Comercio”, como el CETA –recientemente aprobado por Europa pendiente ahora de su trasposición a los Estados Miembros– o el TTIP.
Promover el desarrollo de mercados locales y regionales fuertes, abiertos a todos los productores, así como también la adopción de aquellas medidas que sean necesarias para garantizar la participación de explotaciones de menor tamaño y poco personal.
Seguros Agrarios
Reivindicar que la financiación estable de los seguros agrarios en los Presupuestos Generales del Estado y de la región, de tal forma que puedan acceder a ellos un mayor número de agricultores/as y ganaderos/as.