El Área de la Mujer de COAG y la Confederación de Mujeres del Medio Rural (CERES) animan a todas las agricultoras y ganaderas de nuestro país a secundar el paro internacional de “empleo, cuidados y consumo” convocado el próximo 8 de marzo entre las 12:00 y las 12:30h.
COAG-Coordinadora Agraria de Extremadura, como organización adscrita a la Coordinadora Agraria de Agricultores y Ganaderos (COAG) se suma a esta acción reivindicativa mundial y llama a las agricultoras y ganaderas extremeñas a secundar el paro de treinta minutos.
El Área de la Mujer de COAG y CERES se suman a esta convocatoria impulsada a nivel mundial por el movimiento argentino “Ni Una Menos” con motivo del Día Internacional de la Mujer. Entre otras cuestiones, se reclama que se erradique la división sexual del trabajo, que condena a las mujeres a empleos precarios, peor pagados, no remunerados, ilegales e invisibles y que las obliga a ser cuidadoras como algo esencial de su sexo. Asimismo, con este paro se quiere reivindicar un cambio de modelo político donde “nuestros derechos no sean cuestionados”, ha subrayado Inmaculada Idáñez, responsable del Área del Mujer de COAG y Presidenta de CERES, a lo que ha añadido, “frente a un Estado que nos ignora, denunciamos la violencia institucional que venimos sufriendo. No existen leyes efectivas que logren erradicar la violencia estructural y que supriman la jerarquía que coloca a los hombres sobre las mujeres”.
En ese sentido, COAG y CERES quieren poner el acento en la precaria situación que padecen las mujeres víctimas de violencia machista en el medio rural. “Los servicios de atención a las víctimas se centralizan en cabezas de comarca y los viajes a esos centros de atención no están accesibles para todas las mujeres. No existe formación a cerca de la denuncia que puede ejecutar como auxilio, cualquier ciudadano y aún se entiende el maltrato como “problemas privados de familia”, describe Idañez. Además, COAG y CERES sostienen que el personal que atiende en los puntos donde se podría detectar la violencia, como centros de salud, enfermerías o juzgados de paz, no tienen coordinación entre sí. Esto provoca que en muchos casos, las mujeres tengan que repetir el protocolo en cada uno de los puntos a los que acuden para denunciar su situación y revivir la historia del maltrato repetidas veces, “algo muy duro desde el punto de vista emocional”, lamenta la Presidenta de CERES.
Pero por encima de todo, COAG y CERES considera fundamental la prevención y para que sea efectiva, son fundamentales presupuestos, educación y la consideración de otras formas de violencia que ahora sólo se reconocen como “discriminación”. En relación a ello, desde ambas organizaciones se está trabajando junto con la plataforma 7N en un documento de propuestas todos los tipos de violencia machista. A corto plazo, es necesario que la mesa de trabajo constituida en el Congreso de los Diputados para avanzar en un Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoja una modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de géneroen la que se tengan en cuenta las duras condiciones de las víctimas que viven y trabajan en el medio rural.
El Área de la Mujer de COAG y la Confederación de Mujeres del Medio Rural (CERES) animan a todas las agricultoras y ganaderas de nuestro país a secundar el paro internacional de “empleo, cuidados y consumo” convocado el próximo 8 de marzo entre las 12:00 y las 12:30h.
COAG-Coordinadora Agraria de Extremadura, como organización adscrita a la Coordinadora Agraria de Agricultores y Ganaderos (COAG) se suma a esta acción reivindicativa mundial y llama a las agricultoras y ganaderas extremeñas a secundar el paro de treinta minutos.
El Área de la Mujer de COAG y CERES se suman a esta convocatoria impulsada a nivel mundial por el movimiento argentino “Ni Una Menos” con motivo del Día Internacional de la Mujer. Entre otras cuestiones, se reclama que se erradique la división sexual del trabajo, que condena a las mujeres a empleos precarios, peor pagados, no remunerados, ilegales e invisibles y que las obliga a ser cuidadoras como algo esencial de su sexo. Asimismo, con este paro se quiere reivindicar un cambio de modelo político donde “nuestros derechos no sean cuestionados”, ha subrayado Inmaculada Idáñez, responsable del Área del Mujer de COAG y Presidenta de CERES, a lo que ha añadido, “frente a un Estado que nos ignora, denunciamos la violencia institucional que venimos sufriendo. No existen leyes efectivas que logren erradicar la violencia estructural y que supriman la jerarquía que coloca a los hombres sobre las mujeres”.
En ese sentido, COAG y CERES quieren poner el acento en la precaria situación que padecen las mujeres víctimas de violencia machista en el medio rural. “Los servicios de atención a las víctimas se centralizan en cabezas de comarca y los viajes a esos centros de atención no están accesibles para todas las mujeres. No existe formación a cerca de la denuncia que puede ejecutar como auxilio, cualquier ciudadano y aún se entiende el maltrato como “problemas privados de familia”, describe Idañez. Además, COAG y CERES sostienen que el personal que atiende en los puntos donde se podría detectar la violencia, como centros de salud, enfermerías o juzgados de paz, no tienen coordinación entre sí. Esto provoca que en muchos casos, las mujeres tengan que repetir el protocolo en cada uno de los puntos a los que acuden para denunciar su situación y revivir la historia del maltrato repetidas veces, “algo muy duro desde el punto de vista emocional”, lamenta la Presidenta de CERES.
Pero por encima de todo, COAG y CERES considera fundamental la prevención y para que sea efectiva, son fundamentales presupuestos, educación y la consideración de otras formas de violencia que ahora sólo se reconocen como “discriminación”. En relación a ello, desde ambas organizaciones se está trabajando junto con la plataforma 7N en un documento de propuestas todos los tipos de violencia machista. A corto plazo, es necesario que la mesa de trabajo constituida en el Congreso de los Diputados para avanzar en un Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoja una modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género en la que se tengan en cuenta las duras condiciones de las víctimas que viven y trabajan en el medio rural.