Es cierto que en los últimos años se ha realizado un trabajo de racionalización en las subvenciones de los seguros agrarios y se ha mejorado la eficacia de los recursos públicos.

Así por ejemplo, en los planes 2013 y 2014, en las líneas de retirada y destrucción de animales muertos las medidas de eficacia de recursos adoptadas han permitido obtener un ahorro de subvenciones superior a 35 M€. Esto se ha conseguido gracias a un menor coste del servicio por parte de las gestoras, además de a una disminución del coste del seguro para el que se ha establecido una subvención única por especie, idéntica para todas las comunidades autónomas y todo ello manteniéndose los niveles de contratación y fomentando la introducción de mecanismos alternativos de tratamiento de animales muertos.

También en este periodo, fueron objeto de una búsqueda de eficacia en la línea de seguro de frutales en la que se pusieron en marcha las medidas necesarias para reequilibrar una línea con una alta siniestralidad que estaba poniendo en riesgo su viabilidad, fundamental para el sistema teniendo en cuenta el peso especifico de un sector que supone la cuarta parte de la contratación en términos de capital asegurado y de apoyo total del MAGRAMA al coste del seguro.

Desde el 1 de enero del 2015 se ha puesto en marcha el control integral de subvenciones a los seguros agrarios (CIAS) y ha sido necesaria la creación de una base de datos de cerca de 1 millón de agricultores y ganaderos, dado que en la actualidad son cerca de 500.000 pólizas de seguros las que se contratan cada año. Se ha estructurado un sistema de solicitud de inclusión y revisión constante de dicha base que está permitiendo actualizar la información con agilidad. La necesidad de que todo asegurado que acceda a la subvención, esté al día con sus obligaciones de pago con las administraciones públicas, es una exigencia de la normativa actual de subvenciones, pero deber ser también un deber de todo gestor del dinero publico.

Estas medidas junto con el ajuste de algunas subvenciones adicionales como la de renovación, o la eliminación de subvenciones inferiores a 60 €, han permitido que con un presupuesto casi un tercio menor hayamos mantenido los niveles de contratación, alcanzando en el ejercicio 2015 los 12.000 millones de euros de capital asegurado.