LA UNIÓ ha propuesto iniciativas de futuro en nueve áreas agrarias que contribuyan a la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana

LA UNIO - 08 Jun, 2020

En la intervención de Carles Peris hoy en la Comisión especial de estudio de les Corts Valencianes para la Reconstrucción Social, Económica y Sanitaria

LA UNIÓ de Llauradors, a través de su secretario general Carles Peris, ha presentado en su intervención hoy de la Comisión para la Reconstrucción de les Corts Valencianes, una serie de propuestas de futuro para contribuir a la recuperación económica y social y que se concretan en nueve áreas relacionadas con el sector agrario.

Carles Peris ha indicado que a “nuestras pequeñas y medianas explotaciones agrarias se les exige ser competitivas, respetuosas con el medio ambiente y adaptar sus productos a las exigencias de los consumidores, la logística y la distribución; pero esta presión forzada brutalmente para la adaptación y eficiencia del mercado, ha obligado a miles personas que viven de agricultura a desaparecer mientras se permite la entrada de producciones de países terceros que no cumplen los mismos estándares”. En este sentido, según datos oficiales, entre 1997 y 2016 han desaparecido 54.745 agricultores y ganaderos, lo que representa una disminución del 33%.

El sector primario ha soportado durante todos estos años la doctrina de que el mercado era sinónimo de eficiencia y se ha visto así una reducción de las ayudas públicas para su mantenimiento, una reducción de inversiones en modernización de regadíos, en investigación de nuevas variedades y lucha contra plagas, acuerdos bilaterales con países terceros sin tener en cuenta a los productores europeos, con especial mención a la entrada de plagas que arrasan nuestras producciones. Pandemias importadas de países terceros que venimos sufriendo silenciosamente en los últimos años y cuya lucha cuesta mucho dinero al erario público.

En este sentido, Peris ha dicho en Les Corts que la pandemia ha puesto de relieve la importancia de reforzar el papel de las Administraciones en los ámbitos relativos a la seguridad sanitaria y alimentaria y que hay que trabajar para que el gasto público impulse estos dos aspectos. LA UNIÓ lleva ya años cuestionando que las grandes empresas multinacionales acaparen el material vegetal, las nuevas patentes de variedades, los nuevos productos fitosanitarios para luchar contra las plagas, creándose una dependencia externa tremendamente peligrosa en aspectos básicos relacionados con la producción de alimentos y sanidad vegetal, íntimamente relacionadas a la salud humana. La Covid-19 ha puesto de manifiesto que el sector agrario valenciano necesita un punto de equilibrio económico entre la economía de mercado y el hecho de ser un sector considerado estratégico para la producción de alimentos. “Hay que planificar y establecer una dotación económica suficiente para la investigación pública, la formación y la seguridad alimentaria para proteger la agricultura y el medio rural. Puede ser sea el momento de definir una planificación estratégica de la producción para situaciones excepcionales cíclicas”, ha afirmado Peris.

La agricultura es, sobre todo, proveedora de alimentos y su carácter estratégico es, por ese motivo, un bien público de primera magnitud. “Los políticos y sus políticas no pueden basar la sostenibilidad y crecimiento de nuestro sector con la apertura del comercio internacional, pues los riesgos son elevadísimos”, asegura Carles Peris.

Finalmente, Peris se ha referido a la necesaria interlocución con las administraciones y por ello, más que nunca, se hace patente la necesidad de que les Corts impulsen y aprueben a la mayor brevedad posible una Ley de Creación del Consell Agrario de la Comunitat Valenciana, como órgano institucional para canalizar la participación de las Organizaciones Profesionales Agrarias en la elaboración de las políticas agrarias y de desarrollo rural. “No olvidemos que hacer políticas agrarias es hacer políticas para fomentar la agricultura, y que la agricultura es el conjunto de actividades económicas y técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos. Por lo tanto, si la producción y suministro de alimentos es una actividad esencial y estratégica, y por tanto un bien público, creemos que para pactar, negociar y reconstruir, se requiere de un espacio institucional para consolidar una relación permanente entre la administración y las organizaciones profesionales agrarias”.

 Las nueve iniciativas de LA UNIÓ

Sobre la nueva PAC, la organización apuesta por un modelo agrario donde la base sea la agricultura familiar y competitiva y, en consecuencia, las ayudas tienen que ir dirigidas prioritariamente a las personas agricultoras y ganaderas profesionales y PYMES agrarias, sin importar el sector donde estén enmarcados y del histórico de ayudas generado.

En relación al mercado indica entre otras cosas que hay que establecer una lista específica de prácticas comerciales desleales prohibidas en las relaciones entre compradores y proveedores en la cadena agroalimentaria con el objetivo de luchar contra las prácticas que se apartan de las buenas conductas comerciales, son contrarias a la buena fe y a la lealtad comercial y se imponen unilateralmente por una de las partes a la otra.

Sobre la mejora de la eficiencia de las explotaciones aboga por crear un clúster agroalimentario de conocimiento valenciano con el objetivo de promover el trabajo en red y visibilizar la potencialidad del sistema de innovación e investigación valenciano en los ámbitos estatal e internacional. En materia de investigación agraria, LA UNIÓ propone incrementar la investigación pública con el objetivo de desarrollar variedades públicas protegidas adaptadas a las nuevas demandas de mercado y a nuestras condiciones agronómicas y con royalties ajustados a las rentabilidades económicas que puedan generar estas nuevas variedades.

En relación a los ingresos, LA UNIÓ propone el desarrollo de un instrumento público de estabilización de ingresos, dirigido al menos a las personas profesionales de la agricultura y la ganadería, en el marco del Programa de Desarrollo Rural cofinanciado por la Unión Europea y el resto de las administraciones públicas.

Por lo que se refiere al valor añadido para nuestras producciones, la organización reclama que las Administraciones mancomunen servicios que favorezcan la puesta en el mercado de productos agrícolas y ganaderos, su transformación y venta directa (mataderos, salas de despiece, centros de envasados de miel, embotelladoras, obradores, etc.)

Para impulsar el necesario relevo generacional, LA UNIÓ formula la creación de una red de emprendimiento y viveros de empresas agrarias para incrementar el éxito de las incorporaciones de jóvenes, que ayuden para su formación y experiencia en aspectos como por ejemplo la comercialización de sus producciones, incremento de sus competencias como nuevos titulares de explotaciones o desarrollo de actividades de aprendizaje en el acondicionamiento, elaboración y comercialización de sus propias producciones, sin tener que hacer frente inicialmente a inversiones con un alto grado de incertidumbre.

En cuanto a las relaciones comerciales con países terceros y la importación de productos agrarios en el territorio de la Unión Europea, se propone una revisión de la normativa relativa a la preferencia comunitaria para que sea una medida efectiva. Así mismo, se tiene que implementar de manera urgente la reciprocidad a las producciones procedentes de países terceros en cuanto a las exigencias normativas europeas, desde las laborales hasta las democráticas pasando por las fitosanitarias o de condicionalidad. En este aspecto, y como novedad, propone que, ante cualquier tratado o acuerdo con países terceros que afecten a nuestros intereses agrícolas, los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana emitan un informe completo de las consecuencias que el tratado o el acuerdo tendrá en nuestra agricultura y en la viabilidad de nuestros cultivos.

Sobre las políticas para agricultores y ganaderos y mundo rural, se tienen que impulsar y facilitar sistemas y procesos de información y comunicación con la administración autonómica, mediante las nuevas tecnologías, con el fin de simplificar y acortar las tramitaciones ante la administración agraria. Para evitar la conocida uberización de campo, se tienen que establecer exhaustivas medidas legislativas y normativas respecto al acceso de los fondos de inversión y capital externo a la agricultura, así como generar normas específicas para la retirada de los mismos, de forma que no se provoquen situaciones de grave crisis en las zonas de producción.

Respecto al cambio climático pide la elaboración de un estudio de adaptación del sector donde se identifique zonas y sectores vulnerables, impactos del cambio climático, así como medidas específicas de adaptación para cada uno de estos cultivos y zonas.