La nueva ley garantiza un elevado nivel de protección del medio ambiente y refuerza su naturaleza preventiva. Exige mayor calidad en los estudios y documentos de los planes y proyectos sobre los que tienen que pronunciarse los órganos ambientales. Simplifica la tramitación e integra en un único texto la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental. Establece un modelo básico para todas las administraciones pública