El texto incluye que “sólo podrá permitirse la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola cuando cuenten con la correspondiente autorización del órgano competente de las Comunidades Autónomas
Las organizaciones agrarias considerarían injusto y plantearían acciones judiciales si los arroceros reciben penalizaciones por una imprudencia que han cometido otros
Según un estudio de la Universidad de Córdoba