Los agricultores y ganaderos llevan ya varios años reclamando la prohibición de una práctica abusiva que consideran muy perjudicial. La venta a pérdidas ha contribuido a la grave crisis de rentabilidad que sufre el campo por los desequilibrios de la cadena agroalimentaria.
Desde la Organización de Productores de Leche (OPL) han mostrado su enfado por los nuevos casos de venta a pérdidas de la leche en los supermercados y han advertido de que “ni autoridades ni distribución tienen pudor al hablar de reflexión y de precios dignos, cuando las superficies comerciales están llenas de ventas de leche a pérdidas. Mientras el Ministerio de Agricultura y su ministro aconseja reflexionar -y solo reflexionar-, conocemos que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha recibido del sector lácteo el que mayor número de denuncias, 103 de un total de 243, y es el segundo en el mayor número de infracciones con sanción por incumplimientos con 295 sobre 1.500 y siempre por lo mismo”.
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ve necesario atender a cómo se va aplicando el real decreto ley que prohíbe la venta a pérdidas en España –aprobado en diciembre pasado– para determinar si es necesario aplicar cambios dirigidos al sector agroalimentario.
El Gobierno ha fijado limitaciones a la venta a pérdida para evitar prácticas desleales de las empresas a los consumidores, mediante una nueva regulación que incluye el real decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector industrial y comercial aprobado este viernes 7.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha mostrado su satisfacción por la aprobación de una Proposición no de Ley contra la venta a pérdidas. La votación tuvo lugar ayer en el Congreso a instancias del PSOE, y fue apoyada por Ciudadanos, Unidos Podemos, PNV y Esquerra Republicana. UPA celebra que el poder político “escuche por fin al campo” donde esta práctica está derivando en pérdidas económicas para los agricultores y ganaderos y, en última instancia, “en el cierre de explotaciones y el abandono del territorio rural”.
Los agricultores y ganaderos llevan ya varios años reclamando la prohibición de una práctica abusiva que consideran muy perjudicial. La venta a pérdidas ha contribuido a la grave crisis de rentabilidad que sufre el campo por los desequilibrios de la cadena agroalimentaria.