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Jan 22, 2024 at 04:06
Feb 26, 2021 at 14:05
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que la inclusión de las poblaciones de lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial mejorará la cohabitación de la especie con la ganadería
Jan 26, 2021 at 03:26
Jan 24, 2021 at 14:15
Jul 05, 2019 at 02:15
Rosendo Castillo · Jul 05, 2019 at 03:09
Los agricultores de regadío, en general, son conscientes de las grandes ventajas, de todo tipo, que conlleva la modernización de los regadíos. Sin embargo, pocas veces se paran a analizar la importancia de que los costes de esa modernización deben ser también asumibles financieramente.
Y cuando hablamos de costes nos referimos a los de inversión, que habrá que amortizar y a los de explotación (sobre todo energía), que habrá que pagar cada año.
En un escenario con una política de subvenciones claramente a la baja, la búsqueda de las soluciones técnicas que minimicen esos costes antes mencionados debería ser la mayor responsabilidad de las CCRR. Las respectivas Juntas de Gobierno deben saber que sus decisiones las van a pagar durante muchos años todos los propietarios integrados en dichas CCRR.
El que la modernización de un regadío tenga un coste razonable es la única garantía de que las explotaciones no queden lastradas por largos períodos de tiempo. Entre 25 y 50 años.
Por otro lado, ese menor coste de inversión permitiría reducir esos incómodos plazos a 15-20 años.
Además, costes razonables facilitan las mayorías holgadas en las CCRR y desincentivan los recursos de aquellos propietarios que puedan estar en contra de este tipo de iniciativas.
Todo lo anteriormente expuesto es igualmente válido para las infraestructuras de creación de nuevos regadíos.
En estos casos, el incremento del valor patrimonial de las explotaciones todavía anestesia más a los responsables de las CCRR. Sin embargo, su responsabilidad no es menor.
Y cuando hablamos de costes nos referimos a los de inversión, que habrá que amortizar y a los de explotación (sobre todo energía), que habrá que pagar cada año.
En un escenario con una política de subvenciones claramente a la baja, la búsqueda de las soluciones técnicas que minimicen esos costes antes mencionados debería ser la mayor responsabilidad de las CCRR. Las respectivas Juntas de Gobierno deben saber que sus decisiones las van a pagar durante muchos años todos los propietarios integrados en dichas CCRR.
El que la modernización de un regadío tenga un coste razonable es la única garantía de que las explotaciones no queden lastradas por largos períodos de tiempo. Entre 25 y 50 años.
Por otro lado, ese menor coste de inversión permitiría reducir esos incómodos plazos a 15-20 años.
Además, costes razonables facilitan las mayorías holgadas en las CCRR y desincentivan los recursos de aquellos propietarios que puedan estar en contra de este tipo de iniciativas.
Todo lo anteriormente expuesto es igualmente válido para las infraestructuras de creación de nuevos regadíos.
En estos casos, el incremento del valor patrimonial de las explotaciones todavía anestesia más a los responsables de las CCRR. Sin embargo, su responsabilidad no es menor.
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