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ASAJA, COAG y UPA exigen al Ministerio de Agricultura una investigación urgente para comprobar y sancionar los incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria en el sector avícola.
UPA denuncia que la subida del pollo a los consumidores no se ha trasladado a los avicultores. Muchas integradoras siguen trabajando sin firmar contratos con los granjeros y sin permitirles cubrir sus costes de producción.
Los avicultores no están percibiendo la subida del pollo a los consumidores. UPA acusa a la patronal avícola de usurpar esa subida a los productores e incumplir la Ley de Cadena Alimentaria.
Un elemento esencial de la reforma es la prohibición de la destrucción de valor. Cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido. La nueva ley incrementa el catálogo de prácticas comerciales desleales y se incluyen nuevas infracciones. Para llevar a cabo las tareas de control, la ley refuerza el papel de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), a la que reconoce como autoridad de ejecución nacional.
El ministro señala que la ley, que ha entrado hoy en vigor, supone la modernización de las relaciones comerciales en la producción y suministro de alimentos Planas destaca el dinamismo exportador del sector agroalimentario español, que tiene “su segundo mercado en el mundo”
La modificación de le Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, aprobada, ayer, en el Congreso, impactará negativamente sobre la posición del sector hortofrutícola español en los mercados exteriores e incentivará las importaciones, según FEPEX, colocando a los productores españoles en desventaja competitiva frente al los comunitarios y extracomunitarios, que no tienen que respectar el coste efectivo de producción.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apelado al cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria, cuya reforma se aprobará definitivamente en el Congreso de los Diputados el jueves, 2 de diciembre.
El director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, ha destacado hoy que la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, actualmente en tramitación parlamentaria, constituye una gran oportunidad para generar valor en todos los eslabones que la forman y que con la nueva regulación se eliminarán las malas prácticas y abusos entre operadores.
FEPEX ha alertado, este jueves, ante la Comisión de Agricultura del Congreso, que la Ley de la Cadena Alimentaria puede incentivar el crecimiento de la importación en el sector de frutas y hortalizas, destacando, además, la dificultad para concretar algunos puntos claves de esta Ley como determinar el coste efectivo de producción y en consecuencia el precio cierto que debe recoger el contrato entre el comprador y el vendedor, ya que en un sector caracterizado por la volatilidad de esos precios, éstos pueden variar entre 162 y 28 céntimos en una campaña como ha sido el caso del tomate en 2020, según datos de la Comisión Europea.
La modificación de la ley de la cadena implica un cambio cultural en las relaciones contractuales que llevará tiempo, pero que es necesario, ya que dotará de mayor seguridad jurídica a los operadores
El objetivo de las modificaciones en la Ley de la Cadena es ampliar la relación de prácticas comerciales desleales prohibidas y fomentar el equilibrio en la capacidad negociadora de todos los eslabones de la cadena
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha celebrado este viernes 27 el webinar ‘Aplicación de la Ley de la Cadena en las Cooperativas’, con participación de representantes políticos en el Congreso de los Diputados y el Senado, así como de máximos responsables de entidades cooperativas y un centenar de personas inscritas. En el acto de inauguración, han intervenido el presidente de la federación, Juan Rafael Leal Rubio, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo Díaz.
La Ley de la Cadena Agroalimentaria se hizo y se ha reformado para equilibrar los intereses de todos en el campo con el respaldo de todos. Un respaldo que se escenificó perfectamente en las movilizaciones del sector para reclamar unos precios justos que la pandemia acabó frustrando. Pero lo que unió la necesidad, lo ha acabado dividiendo la realidad. A raíz de la pandemia, que ha acentuado seriamente no solo la situación de la mayoría de las producciones agrícolas y ganaderas por el efecto del cierre del canal Horeca, los precios en origen ha ido viviendo una situación de crisis aún mayor. Y esto está provocando, de forma soterrada, que aquella unidad de la que se hacía gala a primeros de año con los tractores tomando las carreteras se haya pasado a un enfrentamiento de casi de todos contra todos. Y lo que es más preocupante, sin que de momento se vislumbre una posibilidad de acuerdo a corto plazo para solventar estas tensiones.
Cuando arrecian algunas voces en contra de la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, las organizaciones agrarias en la provincia ASAJA, COAG y UPA y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han mantenido un encuentro en el que han abordado la situación actual del sector y han analizado las últimas propuestas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para mejorar la crisis de precios que atraviesa el sector agroalimentario, en general, y el del aceite de oliva en particular.
Este 30 de junio ha sido un día importante en la lucha de los agricultores y ganaderos españoles por los precios justos. Desde ahora es obligatorio que todas las operaciones de compraventa de alimentos entre los productores y los llamados “primeros compradores” se inscriban en el Registro de Contratos Alimentarios, que gestiona la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.