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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas ha defendido hoy la necesidad de potenciar la actividad de las dos interprofesionales que operan en el sector citrícola -Intercitrus y Ailimpo- con el objetivo de impulsar la promoción de unos productos de excelente calidad como son las naranjas, mandarinas, limones y pomelos de origen español en los mercados internacionales. Ha ofrecido la colaboración del Gobierno, que “apoya las acciones de promoción que tiene previsto realizar el sector citrícola”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector agroalimentario, en la Feria Nacional del Vino FENAVIN, en el Pabellón Ferial de Ciudad Real.
Junto a éste, se han aprobado otros tres Planes Complementarios dirigidos a las áreas de astrofísica y física de altas energías; materiales avanzados y biodiversidad.
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a realizar una serie de cinco contribuciones que suman un total de 317.489 euros a distintos organismos y programas internacionales que se consideran de interés para España y que forman parte de las prioridades de este departamento en el exterior.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, 24 de junio, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), nuevas medidas para incrementar los beneficios económicos y sociales del despliegue de plantas renovables y de almacenamiento en los territorios donde se ubiquen, y para prevenir y reducir sus eventuales impactos ambientales: los concursos que se celebren para conceder el acceso a la red eléctrica, además de los criterios ya contenidos en la actual normativa, podrán ponderar elementos como la generación de empleo o la reinversión de los beneficios en las zonas de los futuros proyectos, así como la sensibilidad ambiental del emplazamiento.
El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que desarrolla la aplicación del artículo 167 bis de la Organización Común de los Mercados Agrarios (OCMA) de la Unión Europea para fijar los requisitos y el contenido de una norma de comercialización para el sector del aceite de oliva.
El Gobierno ha valorado el trabajo de prevención de las comunidades autónomas en relación con el sector agrario y les han pedido “no bajar la guardia” ahora que se generaliza la vendimia
La crisis del coronavirus está afectando de forma muy grave a todos los sectores ganaderos. El ovino y caprino de carne que no encuentran salida en el mercado por el cierre del canal Horeca y el vacuno de carne y el porcino ibérico acosados por las actuaciones especulativas de bajar precios de forma injustificada. El sector lácteo, sobre todo en oveja y cabra, tampoco se libra.
Desde el Ministerio de Agricultura señalan que el abastecimiento alimentario tiene que garantizarse en la situación de estado de alarma, lo que implica que debe mantenerse la actividad de las empresas agroalimentarias, explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y la actividad pesquera, además de la de las empresas que les suministran los insumos.
Según fuentes del Ministerio de Agricultura, Luis Planas ha planteado la necesidad de que se aplique estrictamente la normativa comunitaria en materia seguridad alimentaria, productos fitosanitarios, residuos y de control de plagas, vigilando además el cumplimiento de los acuerdos con terceros países y que se respeten los contingentes de importación.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican algunos aspectos técnicos de la normativa vigente sobre reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias (EAP), con objeto de mejorar la eficacia del sistema.
La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y los consejeros autonómicos del ramo han coincidido en marchar una línea roja en la defensa de la PAC y han rechazado una cofinanciación de la Política Agrícola Común, en la reforma que se aplicará más allá de 2020.
El Gobierno español y los negociadores del Parlamento Europeo (PE) ven muy difícil que salga adelante antes de las elecciones europeas de 2024 un acuerdo sobre el reglamento para reducir el uso de fitosanitarios.