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La producción de tomate para consumo fresco en la UE se situó en 2022 en 6,2 millones de toneladas, un 13% menos que hace cinco años y han sido dos de los principales productores, España y Holanda, los que han soportado este fuerte retroceso, bajando España un 20% y Holanda un 15%. Italia retrocede un 3% mientras Francia se mantiene y Bélgica crece, detallan en FEPEX.
La prolongada escasez de lluvias que sufre gran parte de España amenaza al sector agrícola y ganadero con una siniestralidad por sequía que en los ejercicios más recientes con daños importantes por este fenómeno llegó a alcanzar los 210 millones de euros en indemnizaciones para los asegurados, como ya ocurrió en 2012, mientras que en 2017 se vivió otro episodio de sequía que supuso indemnizaciones por 143 millones de euros, según Agroseguro. En este 2022, ya han saltado las alarmas por la falta de precipitaciones, aunque aún es pronto para hacer una estimación de siniestralidad y si lloviera de forma adecuada en las próximas semanas se podría atenuar la situación.
Ante este ataque a los cultivos, la UE ha lanzado el proyecto “Virtigation”, que combatirá las enfermedades víricas emergentes en tomates y cucurbitáceas. En particular, los begomovirus y los tobamovirus están amenazando a los tomates y las cucurbitáceas en todo el mundo, y ya han provocado enormes pérdidas que van desde el 15% hasta devastar cosechas enteras.
Cada día que pasa “la cosecha de cereales de invierno en secano se va de entre las manos” y la puntilla la dará este fin de semana de nuevo con temperaturas elevadas y sin expectativas de lluvia a corto plazo. Las previsiones de buena campaña de hace un mes se han truncado definitivamente y ahora lo que tocas evaluar, según pasen las próximas semanas, es el porcentaje de daño, donde se augura pérdidas y se alerta de que solo el 41% del cultivo está asegurado.
Los Presupuestos de 2018 han de contemplar medidas para compensar pérdidas y para aplicar un plan de lucha contra la sequía
La UPA ha resumido las pérdidas económicas sufridas por las Comunidades Autónomas los cinco primeros meses del año
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que actúe de oficio y realice una campaña exhaustiva de inspecciones sobre los contratos de compra-venta de uva de vinificación presentados por las grandes bodegas de referencia, ya que según sus cálculos los viticultores afrontan pérdidas de hasta 1.200 euros por hectárea en la cosecha más corta y cara de la última década.