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La Interprofesional del Vino de España (OIVE) pone a disposición de los operadores del sector la primera fase del «Estudio de Costes de producción de uva para la elaboración de vinos en España» elaborado por el Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia y dirigido por el Doctor Ingeniero Agrónomo Raúl Compés y que permite el cálculo de los costes de producción de uva en todas las regiones de España.
Así lo han manifestado los responsables de las organizaciones agrarias Asaja, Coag y Upa, en respuesta a una consulta realizada por la agencia de noticias EFE-Agro, debido a las medidas de prevención y seguridad por la COVID-19, y piden a las administraciones que les ayuden a pagar las pruebas PCR de los temporeros para desarrollar las campañas.
Nadie debe olvidar que para resolver cualquier actuación en el ámbito de las infraestructuras de regadío las soluciones son múltiples y con consecuencias diferentes.
Lo primero que la Junta de Gobierno de una CR debe saber es que el éxito de su gestión es directamente proporcional al grado de implicación que esté dispuesta a asumir.
Su primer decisión será la búsqueda de una ingeniería. Especializada y de confianza. Las referencias y el boca a boca son las mejores fórmulas para no equivocarse.
A mediados de 2019 hay suficientes casos de éxito y de fracaso para poder elegir sin riesgos.
A partir de ahí, la búsqueda de la solución técnico-económica que garantice el resultado querido es cuestión de trabajo. Y debe ser trabajo codo con codo entre la CR y la ingeniería.
No soy dado a grandes ostentaciones pero creo justo reivindicar el papel de las ingenierías honestas y especializadas en el éxito de este tipo de inversiones.
Tecnología, técnica y criterio basado en la experiencia son los requisitos que permiten conseguir grandes alegrías a las CCRR que tienen que gestionar sus infraestructuras.
La significativa subida de los costes de producción ha impedido que el aumento del 3,4% de la Renta Agraria en 2018 se note en el bolsillo de agricultores y ganaderos. Así se desprende del análisis realizado por el Departamento de Economía Agraria de COAG sobre la base de los datos que arroja la 1ª estimación de Renta Agraria 2018 publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A pesar del repunte del último año, desde 2003 el sector agrario español ha perdido el 8,3% de su renta total.
Fuertes incrementos en energía y lubricantes (13,5%), fertilizantes (8,4%), servicios financieros (7,3%), semillas y plantones (6,3%) y gastos veterinarios (5%). Durante los últimos 15 años, lo costes se han encarecido un 56% mientras que la renta ha subido tan sólo un 13%.
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha denunciado que los denominados costes intermedios del sector agrario se han disparado, llegando a duplicarse en los últimos 20 años. Unión de Uniones, tras realizar un análisis sobre la Evolución de Macromagnitudes Agrarias de la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística, ha puesto en evidencia que los costes de producción han aumentado en los últimos 20 años pasando de los 11.018 mill hasta los 23.199 mill de € en 2018.
El coste medio de producción porcina en la UE en 2017 estuvo en torno a los 1,55 €/kg peso canal, de acuerdo con el estudio realizado por AHDB, en el que han participado organizaciones de 17 países conocidos colectivamente como InterPIG. Los costes de producción se han mantenido constantes en relación con el año anterior.
El encarecimiento de los “inputs” agrarios llegará después de un 2017 muy duro por adversidades climáticas, como la sequía, según han remarcado las organizaciones profesionales agrarios, que precisan que no podrán repercutir estas subidas en los alimentos que comercializan porque los precios “los marcan” los supermercados.
Se trata de un trabajo realizado en la Universidad de Almería, en el que se indica que, al margen de las subvenciones, en los principales cultivos del campo almeriense el sobrecoste de la rafia/hilo biodegradable (+49% en media), se compensa con el mayor coste que supone el tratamiento de los residuos agrícolas que incorporan rafia no biodegradable.